Sanciones de la DSA
Las sanciones de la DSA son multas y medidas coercitivas impuestas por la Comisión Europea o los Coordinadores Nacionales de Servicios Digitales a los prestadores de plataformas en línea y motores de búsqueda por infracciones de la Ley de Servicios Digitales (UE) 2022/2065. Estas sanciones económicas pueden alcanzar hasta el 6% del volumen de negocios anual total mundial de una empresa, lo que las convierte en una de las sanciones regulatorias más significativas del derecho digital de la UE.
Base jurídica
"La Comisión podrá imponer multas a los prestadores de plataformas en línea de muy gran tamaño o de motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño cuando, de forma intencionada o negligente, infrinjan las disposiciones del presente Reglamento [...] Las multas serán efectivas, proporcionadas y disuasorias."
— Artículo 74, Reglamento (UE) 2022/2065
"La Comisión podrá imponer a los prestadores [...] multas que no superen el 6 % de su volumen de negocios anual total mundial del ejercicio financiero anterior cuando, de forma intencionada o negligente, [...] infrinjan las disposiciones del presente Reglamento."
— Artículo 74, apartado 1, Reglamento (UE) 2022/2065
Por qué es importante
Las sanciones de la DSA representan el mecanismo de aplicación de la UE para garantizar que las plataformas en línea y los motores de búsqueda cumplan con las obligaciones de transparencia, moderación de contenidos y mitigación de riesgos sistémicos. Para los prestadores de plataformas en línea de muy gran tamaño (VLOP) y motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño (VLOSE), aquellos con 45 millones o más de usuarios activos mensuales en la UE, la Comisión tiene autoridad de aplicación directa y puede imponer multas que alcancen miles de millones de euros por infracciones graves.
La estructura de sanciones afecta a todos los servicios intermediarios, desde pequeños prestadores de alojamiento hasta gigantes tecnológicos globales. Mientras que la Comisión supervisa directamente a las VLOP y VLOSE, los Coordinadores Nacionales de Servicios Digitales hacen cumplir las obligaciones de la DSA en todas las demás plataformas e imponen sanciones conforme a su legislación nacional, que también debe garantizar que las multas sean efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Estas sanciones crean fuertes incentivos financieros para que las plataformas implementen programas de cumplimiento sólidos, incluidas evaluaciones de riesgos para elecciones, sistemas de moderación de contenidos ilegales, prácticas publicitarias transparentes y acceso a datos para investigadores. La amenaza de multas sustanciales, calculadas como porcentaje del volumen de negocios global y no solo de los ingresos en la UE, garantiza que incluso las plataformas más grandes se tomen en serio sus obligaciones de la DSA.
Puntos clave
- Multa máxima: Hasta el 6% del volumen de negocios anual total mundial para VLOP y VLOSE que infrinjan las obligaciones de la DSA
- Aplicación dual: La Comisión supervisa directamente a las VLOP/VLOSE; los Coordinadores Nacionales de Servicios Digitales supervisan todas las demás plataformas
- Multas coercitivas: Hasta el 5% del volumen de negocios diario medio mundial puede imponerse para obligar al cumplimiento o a la presentación de información correcta
- Tipos de infracciones: Las sanciones se aplican a procedimientos sobre contenidos ilegales, incumplimientos de transparencia, fallos en evaluaciones de riesgos, denegaciones de acceso a datos e infracciones sistémicas
- Base de cálculo: Volumen de negocios global, no solo ingresos en la UE, lo que hace que las sanciones sean sustanciales incluso para empresas que operan principalmente fuera de Europa
- Proporcionalidad: Las sanciones deben considerar la naturaleza, gravedad, reincidencia y duración de la infracción y la situación financiera de la empresa
Sanciones de la DSA vs. multas del RGPD
Si bien tanto las sanciones de la DSA como las multas del RGPD pueden alcanzar cantidades sustanciales, abordan marcos de cumplimiento diferentes. Las multas del RGPD (hasta el 4% del volumen de negocios global o 20 millones de euros) sancionan infracciones de las normas de protección de datos y privacidad, centrándose en cómo se recogen, tratan y protegen los datos personales. Las sanciones de la DSA (hasta el 6% del volumen de negocios global) abordan la gobernanza de plataformas, la moderación de contenidos, las obligaciones de transparencia y la gestión de riesgos sistémicos.
Las autoridades de aplicación también difieren: el RGPD es aplicado por las Autoridades Nacionales de Protección de Datos con un mecanismo de ventanilla única, mientras que la DSA crea un sistema dividido en el que la Comisión supervisa a las VLOP/VLOSE y los Coordinadores Nacionales de Servicios Digitales supervisan a las demás plataformas. Una sola infracción de una plataforma puede potencialmente desencadenar tanto la aplicación del RGPD como de la DSA si implica tanto incumplimientos de protección de datos como de gobernanza de plataformas, aunque los reguladores se coordinan para evitar una doble sanción.