Supervisión del cumplimiento
La supervisión del cumplimiento es el proceso continuo de verificación de si los servicios de publicidad política cumplen las normas de transparencia y segmentación establecidas en el Reglamento (UE) 2024/900. Implica que las autoridades de supervisión revisen si los patrocinadores, editores y prestadores están cumpliendo sus obligaciones legales, incluidos los requisitos de etiquetado, los avisos de transparencia y las restricciones sobre las técnicas de segmentación.
Base jurídica
Si bien el Reglamento 2024/900 no define la "supervisión del cumplimiento" como término independiente, el reglamento establece el marco para la supervisión y la ejecución:
"Los Estados miembros designarán una o varias autoridades competentes responsables de la supervisión y la ejecución del presente Reglamento."
— Artículo 29, Reglamento 2024/900
El reglamento especifica además que las autoridades competentes dispondrán de facultades de investigación y ejecución, incluida la facultad de llevar a cabo investigaciones, solicitar información e imponer sanciones por incumplimiento.
Por qué es importante
La supervisión del cumplimiento garantiza que las normas sobre transparencia y segmentación de la publicidad política no solo estén escritas en el papel, sino que se apliquen activamente. Sin una supervisión eficaz, los patrocinadores podrían difundir anuncios políticos sin etiquetar, utilizar técnicas de segmentación prohibidas con datos personales sensibles o aceptar financiación de fuentes de terceros países no autorizadas durante los períodos electorales.
Para los editores y prestadores de servicios de publicidad política, la supervisión del cumplimiento significa que deben mantener registros precisos, responder a las solicitudes de información de las autoridades y demostrar que sus sistemas y procesos cumplen los requisitos reglamentarios. Pueden enfrentarse a inspecciones, auditorías o solicitudes para proporcionar documentación sobre campañas específicas de publicidad política.
Para los actores políticos y patrocinadores, la supervisión del cumplimiento crea responsabilidad. Las autoridades de supervisión pueden investigar denuncias sobre la ausencia de etiquetas de transparencia, verificar la exactitud de los avisos de transparencia y comprobar si se han respetado las restricciones de segmentación. Esta supervisión ayuda a mantener la confianza pública en el proceso electoral y garantiza la igualdad de condiciones para todos los participantes políticos.
Puntos clave
- Participación de múltiples autoridades: Los Estados miembros designan autoridades competentes para la supervisión, desempeñando los Coordinadores de Servicios Digitales un papel clave en las obligaciones de transparencia y las autoridades de protección de datos en la supervisión de las normas de segmentación
- Facultades de investigación: Las autoridades pueden solicitar información, acceder a documentos, realizar inspecciones in situ y exigir a los prestadores que demuestren el cumplimiento de sus obligaciones
- Basada en denuncias y proactiva: La supervisión puede activarse mediante denuncias de particulares o de la sociedad civil, o iniciarse de manera proactiva por las autoridades sobre la base de evaluaciones de riesgos o informes de los medios de comunicación
- Requisitos de mantenimiento de registros: Los prestadores y editores deben mantener registros de los servicios de publicidad política a efectos de supervisión, facilitando controles de cumplimiento eficaces
- Cooperación transfronteriza: Cuando la publicidad política cruza fronteras, las autoridades de diferentes Estados miembros cooperan e intercambian información para garantizar una aplicación coherente
- Sanciones por incumplimiento: Las autoridades pueden imponer multas y otras sanciones a patrocinadores, editores y prestadores que no cumplan sus obligaciones en virtud del reglamento
Supervisión del cumplimiento frente a autorregulación
La supervisión del cumplimiento en virtud del Reglamento 2024/900 es una supervisión obligatoria por parte de autoridades públicas con facultades legales para investigar y ejecutar, mientras que la autorregulación se refiere a códigos o normas voluntarias del sector que las plataformas o los anunciantes adoptan por sí mismos. Si bien las medidas de autorregulación (como los códigos de conducta del sector) pueden complementar los requisitos legales, no pueden sustituir las obligaciones vinculantes y la supervisión oficial establecidas por el reglamento.
La diferencia clave radica en el poder de ejecución: la supervisión del cumplimiento por parte de las autoridades competentes puede dar lugar a sanciones legales, órdenes de cesar las infracciones y decisiones vinculantes. La autorregulación suele basarse en la participación voluntaria y en las consecuencias impuestas por el sector. En el caso de la publicidad política, el reglamento exige una supervisión oficial del cumplimiento para garantizar que las salvaguardias democráticas se apliquen de manera coherente en todos los Estados miembros.